Autonomía de las personas mayores vulnerables y su aplicación al ámbito sanitario
- Belén Andreu Martínez Directora
- José Ramón Salcedo Hernández Director
Universidad de defensa: Universidad de Murcia
Fecha de defensa: 12 de julio de 2023
- José Ramón de Verda Beamonte Presidente/a
- Juan Antonio Fernández Campos Secretario
- Melania Moscoso Pérez Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (CDPD) como tratado jurídicamente vinculante, nació con el propósito de garantizar el reconocimiento de las personas con discapacidad y, por extensión, al resto de colectivos vulnerables (tradicionalmente invisibilizados), del derecho a ejercer su capacidad jurídica en las mismas condiciones de igualdad que los demás en todos los ámbitos de la vida. Tras diversos intentos frustrados de adaptación a dicha convención de nuestro ordenamiento jurídico, se promulga la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y con ella se impone un cambio de paradigma al desplazar el modelo sustitutivo en la toma de decisiones por otro basado en el respeto a los deseos y preferencias de los personas con discapacidad, regulando una auténtica batería de apoyos con el propósito de que aquella finalidad prevista en el ámbito internacional sea posible. Atrás quedan instituciones de notable arraigo en nuestro derecho como la incapacitación y las tradicionales figuras tuitivas de la tutela y curatela como reflejo no sólo de una nueva realidad social sino, del respeto, sin excepción, entre otros derechos, a la autonomía de la voluntad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad de todos los miembros que conforman un estado de derecho. Sin embargo, el éxito de la mencionada ley de reforma pasa por el inexcusable esfuerzo, además de los distintos operadores intervinientes en el tráfico jurídico y de un cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto, por la necesaria adaptación de la legislación sanitaria donde todavía priman instituciones que, a la luz de aquella, deberían entenderse tácitamente derogadas. Dicha adaptación por otro lado, se concibe como un paso decisivo para la asunción, en el ámbito de la salud, de los nuevos retos perseguidos, especialmente en marco europeo, basados en los cuidados integrales del paciente centrados en la persona y en el respeto a sus decisiones.