La controvertida injerencia del Ejecutivo en la labor legislativa durante el insólito ciclo político 2015-2019

Laburpena

La fraccionada composición que, con carácter general, presentan los parlamentos españoles (Cortes Generales y asambleas de las comunidades autónomas) como consecuencia de las distintas elecciones celebradas desde el 2015, marcada por el descenso de los dos grandes partidos mayoritarios y la irrupción de nuevas formaciones políticas, determinantes en muchos casos de la gobernabilidad, ha afectado profundamente a todas las funciones parlamentarias y, muy particularmente, a la potestad legislativa, hasta el punto de poder afirmar que el desencuentro –cuando no el directo enfrentamiento– entre el Gobierno y el Parlamento se ha convertido, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, en la regla general del quehacer legislativo. De las tendencias provocadas por el insólito contexto multipartidista en la práctica legislativa española destacan, por su indudable impacto en el sistema de fuentes del derecho español, en el principio de división de poderes que sustenta el Estado de derecho e, incluso, en algunas garantías constitucionales básicas (como la tutela judicial efectiva o el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes), el uso absolutamente desproporcionado –y, en ocasiones, para supuestos singulares– del decreto-ley por parte del Ejecutivo y el ejercicio por este, en contra de lo que venía siendo praxis parlamentaria, de su prerrogativa de veto presupuestario a proposiciones de ley de la oposición. Al análisis de estas dos significativas tendencias dedicamos la presente investigación.