Inclusión financiera y discapacidad

Resumo

El origen del sistema financiero supuso un importante instrumento para el crecimiento económico. Sin embargo, con el paso de los años, el surgimiento de nuevas entidades financieras ha dado lugar a una competencia cada vez mayor, orientando la toma de decisiones hacia la optimización de la rentabilidad financiera. En una actividad económica cada vez más dependiente de la financiera, parece inconcebible que los ciudadanos no dispongan de productos y servicios financieros que contribuyan a la mejora de su calidad de vida. Pero, ¿todos los agentes sociales tienen un acceso normalizado al sistema financiero? Parece evidente que, si la decisión de la institución depende de la rentabilidad financiera, la respuesta es que no. Numerosos estudios nos muestran que las personas en situación de vulnerabilidad por razones económicas han sido tradicionalmente excluidas del sistema financiero tradicional, surgiendo nuevos agentes especializados en este segmento de la sociedad. Aunque el desarrollo económico no ha sido equitativo, es innegable que su acceso al sistema financiero alternativo ha permitido el desarrollo de estructuras económicas estables que han dado lugar, en última instancia, al desarrollo económico individual y colectivo. Otros colectivos han sido menos estudiados, como las personas en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad, dado que los estudios de investigación previos (muy escasos) no se ponen de acuerdo sobre su situación real en el sistema financiero. Por tanto, este trabajo de investigación comienza analizando sus dificultades de acceso al marco de derechos fundamentales, detectando que existen multitud de documentos científicos que exponen su dificultad de acceso al sistema educativo, al mercado de trabajo o su fragilidad social, pero no abordan su problemática con productos y servicios en el sistema financiero. Bajo la firme creencia de que existe un amplio margen para favorecer su inclusión financiera, establecemos las bases teóricas, encontrando algunos trabajos de investigación que ponen de relieve determinados factores que dificultan el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad al sistema financiero, que, aunque aún no son tan representativos en esta línea de investigación, comienza a centrar el interés de la comunidad científica. Tratando de aportar mayor conocimiento a los trabajos previos en este campo, y bajo la consideración de la inclusión financiera como el acceso, uso y calidad de los productos y servicios financieros, se plantean tres propuestas: la educación financiera, como instrumento para favorecer el acceso; y el credit scoring y la tasa de interés ajustada al riesgo como instrumentos para mejorar la calidad de los productos ofrecidos al colectivo de personas en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad. En el caso de la educación financiera, a través de un cuestionario se recopilan un conjunto de conceptos, productos y servicios financieros que permiten identificar la vulnerabilidad en el acceso al sistema financiero. De esta manera, tanto el sistema financiero como los agentes sociales disponen de una herramienta potente para capacitar y establecer redes de apoyo que reduzcan la vulnerabilidad y mejoren los niveles de inclusión financiera del colectivo. Por su parte, la propuesta de credit scoring establece que, en primer lugar, las variables que deben ser evaluadas en el cálculo de la probabilidad de impago son diferentes en clientes con y sin discapacidad; y, en segundo lugar, que esta probabilidad de impago es menor en el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad. De esta manera, en función del modelo obtenido y los requerimientos de Basilea III, proponemos un Método Interno Basado en Calificaciones Internas con el que aplicar el credit scoring, calculando así los requerimientos de capital, las pérdidas esperadas e inesperadas y, en última instancia, un tipo de interés ajustado para ambas carteras. Por tanto, estas aportaciones podrían tener importantes implicaciones tanto para el sistema financiero como para los agentes sociales, que disponen de una herramienta de negociación para favorecer el acceso al sistema financiero del colectivo de personas en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad.