Titularidad del derecho a asistencia sanitaria gratuita a través del sistema nacional de salud. Aseguramiento versus universalidad

Resumen

Factores como el llamado turismo sanitario, la alta tasa de inmigración o el envejecimiento poblacional que sufre España, entre otros, han supuesto un aumento de la demanda de servicios sanitarios que ha ocasionado que el sistema sanitario público español -Sistema Nacional de Salud- se enfrente al gran desafío que supone su financiación y sostenibilidad, situación que exige el establecimiento de medidas eficaces para garantizar un adecuado equilibrio y proporcionalidad entre los elementos económicos y la configuración del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. Ante dicho contexto de insostenibilidad y el gran número de deficiencias en su gestión detectadas y puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el Informe número 937 de Fiscalización de la Gestión de las Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los Reglamentos comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad Social, de 29 de marzo de 2012, el Gobierno procedió a llevar a cabo una reforma estructural del sistema sanitario caracterizada principalmente por una nueva y más restrictiva delimitación tanto del ámbito objetivo como subjetivo del derecho a las prestaciones sanitarias. Reforma que fue llevada a cabo a través del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, desarrollado posteriormente por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, y que fue objeto de numerosas críticas por parte de diferentes sectores de la comunidad científica, de la sociedad, instituciones políticas y organismos internacionales, especialmente en lo relativo al ámbito subjetivo, por considerar que el nuevo marco jurídico establecido por tales reformas supone una restricción y vulneración del contenido esencial del derecho a la protección de la salud establecido tanto en el ordenamiento jurídico interno como en la normativa internacional de la que España es parte, así como un retroceso social en el disfrute efectivo de un derecho tan básico como es la protección de la salud. Por su parte, el posterior gobierno -de distinto signo político- a través del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, procedió a la derogación de los criterios de aseguramiento establecidos por las normas anteriores y volvió a instaurar un sistema basado en criterios de universalidad. Esta situación pone de manifiesto la división y controversia entre quienes consideran necesario el establecimiento de un sistema de aseguramiento como medida de ahorro del gasto sanitario y quienes defienden la supremacía del derecho a la protección a la salud por encima de cualquier elemento económico y/o de ahorro. Ante esta realidad, se hace necesaria la realización de un estudio y análisis del contenido de dichas reformas, siendo el objeto de estudio de este trabajo la titularidad del derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita, cuyos objetivos más concretos se centran en dar respuesta a varias problemáticas jurídicas existente en torno a dicha titularidad. Así, se tratará de dar respuesta a cuestiones como: ¿Cuál es el alcance del principio de universalidad fijado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad?, ¿es de carácter absoluto o es posible el establecimiento de límites al mismo?, ¿La existencia de una crisis económica resulta un motivo legítimo y suficiente para llevar a cabo reformas que afecten y limiten dicha titularidad?, ¿Supone lo anterior una vulneración del contenido esencial del derecho a la protección de la salud y de otros derechos conexos y, con ello, una merma de las garantías y protección ofrecida por el Estado de Bienestar?. Cuestiones que serán analizadas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la doctrina internacional que prohíbe el establecimiento de medidas regresivas de los derechos sociales, y los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo con respecto a las reformas operadas por el RD-Ley 16/2012. Asimismo, desde la perspectiva de la eficacia de tales reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, se tratará de dar respuesta a cuestiones tales como: ¿las reformas llevadas a cabo resultan eficientes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a largo plazo?, ¿Es posible llevar a cabo una reforma del sistema sanitario basándose tan sólo en elementos económicos, sin tener en cuenta su repercusión en el ámbito sanitario? La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es la propia de la ciencia jurídica, habiendo estudiado y analizado la legislación, doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia. Asimismo, teniendo en cuenta el objeto sobre el que versa, la salud, se nutre también de fuentes de otras disciplinas como la sanitaria. Los resultados muestran que el derecho a la protección de la salud de las personas, a pesar de tratarse de una necesidad básica del individuo, cuya desprotección puede implicar la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad física y psíquica, no es gratuita para todas las personas, siendo necesario en este sentido, diferenciar entre la universalidad de derecho de acceso a los servicios públicos de salud y la universalidad a la gratuidad de sus prestaciones. Universalidad que tan sólo es reconocida en el primero de los supuestos.