"En los límites de la exclusión de la responsabilidad penalel caso de ""Jakob Von Metzler"" y el empleo de la tortura en el Estado de Derecho"
- Cano Paños, Miguel Ángel
- Jesús Barquín Sanz Director/a
Universidad de defensa: Universidad de Murcia
Fecha de defensa: 11 de diciembre de 2015
- Lorenzo Morillas Cueva Presidente/a
- Jaime Miguel Peris Riera Secretario
- Fernando Miró Llinares Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La tortura, ya incluso su amenaza, constituye una conducta que se retrotrae a los comienzos de la vida del hombre en sociedad, y que, desgraciadamente, ni incluso la consolidación de los Estados democráticos ha conseguido erradicar. La irrupción de actividades delictivas que ponen en jaque a la convivencia pacífica, como sin duda sucede con lo que se conoce como «nuevo terrorismo», ha dado lugar a que el poder punitivo del Estado, representado en parte por los servicios de inteligencia y los funcionarios de policía, acuda a mecanismos que, a nadie escapa, suponen conductas delictivas en cualquier país civilizado. Uno de esos mecanismos viene constituido por el empleo de la violencia estatal para, por ejemplo, impedir la comisión y/o consumación de delitos que menoscaban bienes jurídicos de especial importancia. Para justificar el empleo de la tortura se ponen sobre la mesa situaciones excepcionales, reconducibles al contexto del «ticking-time-bomb». Situaciones donde se considera que las partes implicadas no son sólo el Estado �representado por los agentes de policía- y el destinatario de las torturas; existiendo más bien una constelación de carácter triangular donde, además de las dos partes reseñadas, aparece una o innumerables (potenciales) víctimas como consecuencia de la acción delictiva que se imputa al destinatario de la violencia estatal. A partir de lo explicado en los párrafos anteriores, el objetivo de la siguiente tesis doctoral es analizar desde un punto de vista tanto criminológico como jurídico lo que se conoce como «tortura de rescate», es decir, aquel tipo de (amenaza de) violencia estatal que se emplea contra una persona a la cual se considera responsable del peligro vital que acecha a uno, varios o centenares de sujetos, libres de toda culpa. Para ello, la base del trabajo viene constituida por un hecho que tuvo lugar en la ciudad alemana de Frankfurt am Main en el otoño del año 2002, donde la policía empleó la amenaza de torturas contra un sujeto detenido al que se consideraba responsable del secuestro de un niño de 11 años, cuya vida pendía de un hilo. Dichos acontecimientos son sometidos, como se ha señalado, a un análisis tanto criminológico como jurídico. Así, la primera parte del trabajo analiza el estado de opinión que con respecto a la mencionada «tortura de rescate» existe tanto en la sociedad (alemana y española) como en la doctrina científica. Para ello, en el trabajo se presentan datos estadísticos correspondientes a una serie de encuestas que el autor de la tesis doctoral ha venido realizando con estudiantes universitarios de los Grados de Derecho y Criminología de la Universidad de Granada. A continuación, los sucesivos capítulos de la tesis se dedican a analizar la «tortura de rescate» desde una perspectiva jurídica, y ateniendo a los siguientes ámbitos: Teoría del Derecho, Derecho Policial, Constitucional, Penal y Procesal Penal. Y ello tanto desde el ordenamiento jurídico alemán como español. En el contexto descrito, las problemáticas que se abordan son, entre otras, las siguientes: ¿Tiene la policía competencias para, en casos extremos, acudir a esa vía para conjurar un peligro de especial gravedad? ¿Pueden aplicarse las causas de justificación y/o exculpación previstas en el ordenamiento jurídico-penal a aquellos funcionarios públicos que hacen uso de esa controvertida medida? ¿Podría valorarse en juicio la confesión realizada por un sujeto que ha sido víctima de torturas estatales? En definitiva, lo que pretende la siguiente tesis doctoral es analizar la figura conocida como «tortura de rescate» para con ello sondear la posibilidad de justificar o, llegado el caso, exonerar a aquel funcionario de policía que hace uso de la misma en situaciones absolutamente excepcionales. Y todo ello con el propósito de mantener intacta la existencia de un Estado de Derecho.